CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Un llamado a no capturar políticamente a las personas juzgadoras, y que se apruebe un texto que realmente busque garantizar el derecho de acceso a la justicia y combatir la impunidad, llama el colectivo La Justicia Que Queremos a la próxima legislatura federal.
Ante la posible aprobación del dictamen de la iniciativa presidencial de reforma al poder judicial que se discutirá el próximo 26 de agosto, este colectivo y otras personas que firman el documento de cuatro páginas, señalan que esta reforma implicaría flagrantes violaciones a la independencia judicial, así como los problemas de viabilidad que plantearía su implementación.
Lamentan también que las y los legisladores no tomaron en cuenta los cuestionamientos y propuestas, ni los realizados por las personas expertas que participaron en los Diálogos Nacionales organizados por la Cámara de Diputados.
Enumeran y explican sus tres preocupaciones. La primera que tiene que ver con la selección por voto popular de personas ministras, magistradas y juezas viola la independencia judicial.
“El sistema de voto popular indudablemente violaría la independencia judicial, toda vez que derivado de cómo se establece la reforma, se dará pie a que las personas juzgadoras tomen decisiones para agradar a las y los electores y a los grupos políticos, económicos o incluso del crimen organizado que los respalden, en vez de buscar aplicar la ley y proteger la Constitución, pues sus cargos (en caso de jueces, juezas y magistrados, magistradas) serán garantizados únicamente si pasan por otro proceso de elección popular”
El dictamen de la iniciativa presidencial valida la propuesta de sustituir a las más de seis mil 500 personas juzgadoras del país, tanto a nivel federal como local, mediante elecciones a realizarse en 2025 y 2027.
En 2025, se prevé la elección popular de nueve personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la elección de cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); las quince magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y la elección de la mitad de las responsabilidades de magistrados-magistradas y jueces-juezas del Poder Judicial de la Federación, así como de los poderes judiciales estatales.
En 2027, serían electas las cinco magistraturas actuales de la Sala Superior del TEPJF y el resto de los cargos de jueces-juezas y magistrados-magistradas federales y locales.
Sin embargo, las personas firmantes en esta carta pública reiteran que la elección de personas impartidoras de justicia mediante voto popular es contraria a lo recomendado en los estándares internacionales, que señalan que deben ser designadas mediante procesos meritocráticos, además de que implicaría grandes riesgos a los principios de imparcialidad en la toma de decisiones y la independencia judicial.
El proceso de selección de los perfiles que contenderán para el voto popular, no garantiza que las personas elegidas sean las idóneas, pues el mecanismo de preselección, una vez publicada la convocatoria en el Senado, contempla que cada uno de los Poderes de la Unión integre un Comité de Evaluación, quien se encargará de elegir a 10 candidatos para cada responsabilidad.
Sin embargo, el dictamen únicamente señala que estos Comités deberán integrarse por personas «expertas» y «reconocidas» en la actividad jurídica, sin explicar cómo es que se realizará la evaluación de sus perfiles, dejando la designación de dichos comités a la arbitrariedad de los Poderes de la Unión.
Además, la reforma señala que, una vez seleccionados estos 10 perfiles por cada poder de la Unión, estos serán sorteados mediante insaculación para que al final queden tres candidatos por cada poder (en el caso de ministros de la Corte y magistrados del TEPJF y del TDJ, mientras que para magistrados y jueces de distrito únicamente seleccionarán a dos por cada poder).
“Es claro entonces que esto no garantizará que los últimos perfiles previo a la elección popular sean los más idóneos, pues sería básicamente dejar a la «suerte» la selección de sus perfiles”.
La segunda preocupación del Colectivo La Justicia Que Queremos y otras personas, es la inviabilidad del modelo de selección mediante el voto popular, jueces, juezas, magistrados y magistradas del ámbito federal y también de las 32 entidades federativas, es decir, en dos años habrían cambiado a todas las personas juzgadores, lo que resulta inviable, tanto en términos de logística como de costo.
Para llevar a cabo la elección de mil 668 cargos a nivel federal y cinco mil un cargos en cada entidad, deben participar unos 10 mil candidatos y candidatas, con el riesgo implícito de que la ciudadanía no conozca los perfiles y competencias que tengan las personas candidatas.
El dictamen señala que las boletas electorales contendrán el cargo, la entidad federativa y el circuito judicial de cada elección, y las mismas llevarán impreso al reverso, todos los nombres completos numerados de las personas candidatas, distinguiendo la autoridad postulante y destacando los nombres de las y los juzgadores en funciones.
Tendrá recuadros en blanco divididos por género para que el votante elija la candidatura de su elección. Consideran que será confuso, tendrá sin duda tintes partidistas, plantean. Además del costo al erario público y sigue sin quedar claro de dónde serán obtenidos estos recursos.
La tercera preocupación deriva del establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial para controlar a las personas juzgadoras, cuyos elementos serán electos también mediante el voto popular y que tendrá facultades amplias para investigar y sancionar a las personas juzgadoras, además de que estará a cargo de evaluar el desempeño de estas.
Es necesario por ello, garantizar la independencia judicial, lo que no se podría cumplir a través del sistema que propone la renovación de las personas juzgadoras, con respecto a los Poderes de la Unión, mucho menos con relación a los grupos políticos, prevén por ello injerencia política en la elección de magistrados y magistradas integrantes de ese Tribunal.
Finalmente, planean que una reforma al Poder Judicial sin tomar en cuenta a sus integrantes atenta a la independencia judicial y aseguran que se solidarizan con las personas trabajadoras del Poder Judicial que se han ido a un paro de labores como forma de protesta en contra de la reforma judicial propuesta.
La carta está firmada también por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano; Observatorio de Designaciones Públicas; Cyrus R. Vance Center for International Justice; Fundación Konrad Adenauer México; Impunidad Cero; Justicia Pro Persona, A.C.; México Evalúa; BORDE Jurídico; México A.C.; Justicia Transicional en México A.C., Estrategias contra la Impunidad; Fundación para el Debido Proceso; México Unido Contra la Delincuencia A.C.; Centro de Investigación de Crímenes Atroces; Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas; Práctica: Laboratorio para la Democracia.
También es suscrita por Eliana García Laguna. Activista de derechos humanos, acompañante de víctimas.
AM.MX/fm
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